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Algunas medidas, como las subidas de impuestos y de cotizaciones sociales anunciadas recientemente por el Gobierno nacional, van a afectar de forma importante a las empresas y profesionales de nuestro país. Entre otras, nuevos impuestos a la banca, impuestos a las tecnológicas, alzas en Sociedades y en las bases de cotización.
Algunas de estas medidas ya se han aprobado, como la subida de cotizaciones a la seguridad social de los autónomos, y otras se verán reflejadas en los Presupuestos de 2019. El alza del gasto va a recaer en buena parte en las empresas, a quienes se dirige la práctica mayoría de las medidas anunciadas.
Desde las Organizaciones empresariales rechazamos que sean las empresas las que carguen con gran parte del peso de los gastos extra que el Gobierno necesita para hacer frente a la factura de las pensiones.
El aumento del gasto previsto por el Gobierno y las posibles subidas de impuestos, no solo afectarán a la confianza de los agentes económicos y acabarán, tarde o temprano, debilitando la economía y el crecimiento económico (además de desviar aún más el cumplimiento de los objetivos de déficit); además, disminuirán la renta disponible, con un efecto en la demanda interna, y reducirá la competitividad de las empresas, lo que se traduce directamente en una menor creación de empleo.
No se puede tratar de incrementar la recaudación cargando el peso sobre las empresas, ya que una mayor presión fiscal desincentiva la inversión y la contratación.
Además, existe una mayor presión fiscal empresarial en España que la media de la Unión Europea, tal y como se recoge en el informe «La Tributación Empresarial» de CEOE. Según el informe “Paxing Taxes” que PwC y el Banco Mundial elaboran anualmente, para el ejercicio 2016, en España las empresas soportan una carga tributaria con un tipo real del 46,9 por ciento sobre beneficios, frente a una media de la Unión Europea del 40,9 por ciento.
A esta situación hay que añadir la subida de salarios recientemente pactada entre el Gobierno y los agentes sociales, dentro del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para 2018, 2019 y 2020, que incluye el compromiso de elevar los salarios en convenio a un mínimo de 14.000 euros anuales, así como el incremento salarial pactado en torno al 2 por ciento más un uno por ciento adicional en base a criterios de productividad.
El escenario que se dibuja en los próximos meses para las empresas de nuestro país es, por tanto, nada favorable, con múltiples frentes abiertos que únicamente contribuyen a que cada vez tengan que afrontar más costes, reduciendo de esta forma en gran medida su capacidad competitiva y de creación de empleo.
