El Vicepresidente de CEPYME y Presidente de CECAM, Ángel Nicolás, ha destacado que “tanto la morosidad como las dificultades de acceso a la financiación son dos de los factores que más inciden en la capacidad competitiva de las empresas”, durante el acto de clausura de la jornada centrada en el análisis de la morosidad que ha organizado CEPYME, bajo el título de El retraso en los pagos de las operaciones comerciales: situación y perspectivas en el ámbito público y privado”.
En este sentido, Ángel Nicolás ha reiterado el compromiso de colaboración de CEPYME con la Administración para erradicar la morosidad y ha recordado que “los mecanismos extraordinarios de financiación para el pago a proveedores y el marco regulatorio establecido mejoran sustancialmente la situación de las empresas”, especialmente si se compara el momento actual con los años precedentes.
Entre las propuestas de CEPYME para seguir avanzando en esta reducción de la morosidad, Ángel Nicolás se ha referido a la corrección de “defectos” de la normativa actual, como la existencia de distintos regímenes jurídicos que establecen distintos plazos de pago; la posibilidad de establecer calendarios de pago que vayan más allá de los plazos legales o los problemas que presenta el reconocimiento de las certificaciones en el ámbito de las Administraciones Públicas”.
Análisis de la morosidad
En el trascurso de esta jornada, se ha puesto de manifiesto que la morosidad, tanto pública como privada, refleja una tendencia a la reducción tanto de los plazos de pago como de las cuantías en mora, determinada en buena medida por la reactivación de la situación económica y por algunas medidas puestas en marcha desde la Administración, si bien es preciso seguir avanzando en la estrategia de lucha contra la morosidad para reducir el riesgo de repuntes.
Medidas como la Ley de Factura Electrónica, la Ley orgánica de control de la deuda comercial y, sobre todo, los planes de pago a proveedores han contribuido a reconducir una situación que, en los primeros años de la crisis, derivó en retrasos excesivos y elevadas cuantías, cuyas principales perjudicadas eran las empresas, en especial las de menor dimensión.
Sin embargo, en la actualidad, según los datos del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el período medio de pago en el caso de la Administración General del Estado se sitúa en 11’98 y 13’17 días, en función de que se computen o no los pagos de la Seguridad Social.
En el caso de las Comunidades Autónomas, se ha pasado de un período medio de pago de 50’83 días a finales de 2014 a 45’24 días al terminar el mes de mayo. Además, la deuda comercial se ha reducido en un 68% desde 2012 hasta el pasado mes de mayo.
En el caso de las Corporaciones Locales, el período medio de pago se situó en 19’22 días, cifra que se reduce hasta los 15’74 días si se tiene en cuenta solo las grandes ciudades.
La jornada ha contado con la participación de representantes de las Administraciones central, autonómica y local, del Banco de España, de la Comisión Europea y de diversos sectores empresariales.
En la clausura, el secretario de Estado de administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha explicado cómo ha mejorado la situación de los proveedores en los tres últimos años y también que el motor de nuestra economía han sido los emprendedores, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Las Comunidades Autónomas y las entidades locales han recibido 73.804 millones de euros destinados al pago directo a proveedores a través de los mecanismos de financiación. En total, según ha explicado Beteta, se han abonado 8 millones de facturas y el 70% de los pagos a proveedores se han dirigido a prestaciones de sanidad, educación y servicios sociales. El total acumulado de facturas electrónicas se acerca a los tres millones (2.698.710) y, en el último mes, 600.000 euros. Beteta ha recordado que el Gobierno lleva 3 años y medio de lucha contra la morosidad que ya está dando sus frutos con la reducción del periodo medio de pago a proveedores.
Por su parte, el director general de Industria y de la Pyme, Víctor Audera, ha señalado en la inauguración de esta jornada que el 80% del crédito a las pymes sigue procediendo de la banca y que este porcentaje es excesivo, por lo que ha indicado que el objetivo es avanzar en el proceso de desbancarización y ha destacado que la Dirección General apuesta por la mejora de la financiación a las pymes a través de instrumentos como las líneas de ENISA y CERSA.
La jornada ha contado con la participación de Laura McGrath, responsable de la Comisión Europea para estas materias, quien ha señalado que la Comisión Europea está llevando a cabo una evaluación de los resultados de la implementación de la Directiva sobre morosidad en los Estados miembros que se conocerá en otoño.
Asimismo ha participado el Consejero de Hacienda y Administración Pública de la Región de Murcia, Andrés Carrillo, quien ha destacado que esta Comunidad ha reducido paulatina y significativamente el periodo de pago, frente a la media de comunidades autónomas “porque para nuestro gobierno el pago a las pymes es una prioridad de primer orden, ya que va ligado al crecimiento económico y al empleo”. Asimismo destacó la labor del gobierno de la Nación “que no ha dejado solas a las CCAA, en el cumplimiento de este objetivo, mediante un mecanismo de liquidez como ha sido el FLA, que ha permitido a los proveedores cobrar en un plazo razonable”.
Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial
