La estructura de las relaciones laborales en nuestro país ha demostrado estar completamente obsoleta en relación a la situación económica actual. Nuestro mercado de trabajo, tal y como se concibe hoy, ha contribuido a una mayor destrucción de empleo y lo que necesitaba era una reforma que le permitiera ser más competitivo, dando a nuestro país el dinamismo necesario para incrementar la productividad, mejorar la competitividad y por ende, crear empleo. La flexibilidad que tienen que tener las relaciones laborales actuales, requería una reforma valiente y profunda, que diera respuesta a un mercado laboral obsoleto, rígido y dual.
Desde CECAM CEOE-CEPYME venimos poniendo de manifiesto desde hace años esta situación y el gran problema que ha traído consigo para la productividad de nuestro mercado de trabajo. Es del todo necesario acomodar nuestro mercado laboral al contexto económico y laboral actual y a los retos a los que se enfrenta nuestra economía.
Sin embargo, la reforma laboral aprobada por el Consejo de Ministros resulta del todo decepcionante, ya que deja pasar la oportunidad de acometer una reforma estructural y de calado, que dé solución real a los problemas mencionados. Ésta ha sido una demanda reiterada de los empresarios, pero también una recomendación de los más destacados organismos institucionales de ámbito internacional, como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Central Europeo, el Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios y el Banco de España, entre otros.
El esfuerzo y el trabajo del sector empresarial ha ido siempre dirigido a propiciar el crecimiento económico de su territorio y favorecer la creación de puestos de trabajo. Para que esto sea posible, es necesario que exista una normativa laboral que permita paliar la rigidez mencionada y dinamizar la actividad empresarial, y que dé respuesta a los retos actuales, donde se pueda adecuar de manera rápida las necesidades laborales a las necesidades del mercado. Es decir, la normativa debe permitir de manera rápida y sencilla la adecuación de los salarios, del horario, la jornada o la contratación al devenir de la actividad económica. Por el contrario, nos encontramos con una reforma laboral que no sólo no permite esto, sino que muy al contrario, lo encorseta si cabe aún más.
En este sentido, se incrementa el nivel de burocratización de las relaciones laborales de la empresa. Todas aquéllas cuestiones que tienen que ver con la aplicación de los procedimientos de descuelgue o de flexibilidad, supone complicar aún más la gestión (especialmente de las PYME´s), lo que hace inaplicables de hecho todas las medidas de flexibilidad en las empresas. La reforma contempla además en este punto una creciente sindicalización de las pequeñas y medianas empresas.
A los problemas de obsolescencia y rigidez señalados, hay que añadir el de la dualidad, una cuestión que tampoco resuelve esta reforma. Se penaliza la contratación temporal, poniendo restricciones a la misma, y penalizándola con indemnizaciones más costosas. En la contratación indefinida se mantiene la regulación actual de 45 días. Sería necesario generalizar el denominado contrato de fomento de empleo indefinido, que tal y como está contemplado no da satisfacción a la demanda actual, y eliminar definitivamente el de 45 días. De igual forma, no se resuelve de la forma que se había anunciado, la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas. A esto hay que añadir la necesidad de que se concrete la corresponsabilidad del FOGASA, que actualmente corre a cargo de las empresas, estando previsto que se incremente el coste que deben asumir.
Por otro lado, uno de los principales problemas del mercado de trabajo actual, el del paro juvenil, no se aborda de una forma clara, quedándose nuevamente en cuestiones de bonificaciones, sin llegar a crear marcos adecuados que permitan la contratación.
El Gobierno olvida también cuestiones tan importantes como el absentismo laboral, un problema acuciante para la productividad del mercado de trabajo y que viene siendo denunciado por las empresas desde hace tiempo. Igualmente, la modificación de la Ley General de la Seguridad Social para posibilitar una actuación enérgica en materia de incapacidad laboral por razón de enfermedad común.
Éstas y otras cuestiones deberían estar incluidas en una reforma que tenga por objetivo la contratación indefinida, facilite la flexibilidad en la empresa y disminuya sus costes, de tal forma que permita que España pueda emprender cuanto antes y con éxito el camino de la recuperación económica.
Por último, hay que poner de manifiesto la responsabilidad que tienen ahora el Gobierno y los partidos políticos, que deben dar solución a la indefinición que existe en estos momentos en relación a esta reforma laboral. El hecho de que aún deba ser modificada durante su tramitación parlamentaria, sitúa a las empresas en una situación complicada, sin saber de forma concreta a qué deben atenerse y durante cuánto tiempo.
