La Federación Regional de Taxis se reúne para analizar cuestiones que afectan al sector

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La Federación Regional de Taxis de Castilla-La Mancha, celebró ayer una reunión en la sede de CECAM CEOE-CEPYME, para analizar distintas cuestiones que afectan al sector y por las que actualmente se siente una especial preocupación.

El tema más importante que se puso encima de la mesa es el retraso en los cobros por los servicios de transporte sanitario que se hacen en las cinco provincias, para los tratamientos de diálisis, y que para muchos taxistas, sobre todo de localidades pequeñas de la región suponen una de las fuentes fundamentales de ingresos. Actualmente son más de doscientos taxistas en Castilla-La Mancha los que vienen realizando estos servicios, en coordinación bien con  las Asociaciones de Enfermos del Riñón ( ALCER ), bien con las Delegaciones de Sanidad de las provincias de Albacete y Guadalajara. Se trata de pequeños empresarios autónomos, lógicamente sin trabajadores, y que además de una importante reducción en su actividad por la crisis económica, se encuentran con los problemas añadidos de cobros en servicios con las distintas Administraciones.

Actualmente y dependiendo de las provincias, el retraso de los pagos puede oscilar entre los siete y los diez meses. Desde el sector se comprende la difícil situación financiera que ha heredado el Gobierno Regional, y por eso se ha solicitado una entrevista con el Viceconsejero de Sanidad para analizar con él, el problema y poder llegar algún tipo de acuerdo en cuanto a calendario de pagos, al objeto de que el taxista pueda hacer sus previsiones de tesorería.

Además del tema económico, en el transcurso de la Junta Directiva se acordó asimismo solicitar una reunión con el Viceconsejero de Fomento, para plantearle el resto de cuestiones que afectan al colectivo, como son: la futura normativa de la Comunidad en el sector del taxi, la evaluación de los criterios para la actualización de las tarifas interurbanas, la lucha contra el intrusismo y competencia desleal, la coordinación de una política común con los municipios en materia de concesión de nuevas licencias y la participación en el futuro Plan directos de Transportes, en caso que se realizase.