La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM CEOE-CEPYME Castilla-La Mancha) ha presentado, a petición del Grupo de Trabajo constituido por los Partidos Políticos con representación en el Parlamento autonómico, un documento que recoge las propuestas empresariales para la reforma del Estatuto de Autonomía.
La prevista reforma constituye para la Confederación un asunto de importancia a tratar en los próximos meses. Para Cecam el resultado debe ser un documento adaptado al momento actual sin mayores pretensiones de reforma del modelo institucional vigente, y en todo caso, debe llevarse desde el más estricto respeto a la Constitución Española.
A menudo se desconoce la relación entre marco jurídico, estabilidad institucional y prosperidad económica. Sin embargo, quien se dedica a la actividad empresarial conoce de sobra, y en toda su importancia, esta relación y la obligación de todo empresario y organización empresarial es explicársela a la Opinión Pública y a la Sociedad Española.
En todo momento, la organización empresarial castellano-manchega ha mostrado su apoyo y respaldo a una modificación del Estatuto, pero siempre que se haga respetando la unidad de España, sin que se vean afectados los objetivos de unidad de mercado y de cohesión social interterritorial. Las variaciones que se puedan considerar necesarias llevar a cabo no deben significar en ningún caso un retroceso en los avances conseguidos hasta el momento, sino más bien una consolidación de los principios constitucionales, un mayor crecimiento de nuestra riqueza, un incremento de la competitividad de nuestra economía y una creciente solidaridad entre las Comunidades Autónomas de España.
Igualmente, es conveniente que el Estatuto resultante consolide la obligación de las Administraciones Públicas de garantizar la libertad de empresa y la unidad de mercado. En el proceso de globalización en el que se encuentran en estos momentos inmersos tanto empresarios como trabajadores, con mercados a nivel europeo y mundial cada vez menos intervenidos, más liberalizados y competitivos, el ejercicio de la libertad empresarial, que propicia riqueza y empleo, no debe verse constreñido por regulaciones intervensionistas innecesarias, que limiten la competitividad de nuestra economía y empresas. El principio de caja única y el modelo irrenunciable que garantiza la igualdad y la solidaridad constituyen un requisito imprescindible.
Asimismo, el Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla-La Mancha, recientemente firmado por el Gobierno y los agentes sociales, recoge toda una serie de objetivos básicos que deberían ser incorporados entre los previstos por la Junta de Comunidades. La competitividad de nuestra economía, el pleno empleo, la mejora del tejido empresarial de la región y de las condiciones laborales, la promoción de la innovación y la investigación, entre otros, son elementos necesarios para que la región continúe avanzando y desarrollándose a un buen ritmo.
Para la Confederación resulta también importante que el nuevo Estatuto reconozca de forma explícita, a través de un artículo, el valor y la necesidad de la participación de los agentes sociales en los asuntos de interés económico, laboral o social de nuestra Comunidad Autónoma, estableciendo una Ley de las Cortes regionales para su regulación. Además el hecho de que la Junta de Comunidades pudiese tener voz y voto en las decisiones de determinadas aspectos de marcado calado para el progreso y crecimiento, sujetas actualmente a la competencia exclusiva del Estado, permitiría dar una respuesta más acertada a las necesidades concretas de la región.
Los Partidos Políticos con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha cuentan actualmente con las opiniones y propuestas de las organizaciones empresariales para su eventual inclusión en el articulado del futuro Estatuto de Autonomía.
