TIEMPO DE LECTURA:
5 min.
COMPARTIR:
Los españoles estamos de enhorabuena por la conmemoración del 40º aniversario de nuestra Constitución de 1978, que ha sido el marco normativo de convivencia durante este período de estabilidad, crecimiento económico y progreso social, de duración e intensidad sin precedentes en nuestra historia. Las organizaciones empresariales de Castilla-La Mancha, en nombre de los empresarios a los que representamos, nos sumamos a la conmemoración, nos felicitamos por ella y nos mostramos plenamente confiados en que nos seguirá dando muchas alegrías en el futuro.
La importancia que las organizaciones empresariales tienen en nuestro país se recoge en el Título Preliminar de la Constitución, donde además se destaca su contribución a la defensa y a la promoción de los intereses económicos y sociales.
Artículo 7 de la Constitución Española: «Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos».
No es la única referencia que nuestra Carta Magna hace al trascendental papel que incumbe a las asociaciones empresariales y sindicales. En conexión con el citado artículo 7, el artículo 28.1 formula el derecho de libertad sindical como un derecho fundamental; el artículo 37.1 establece el derecho a la negociación colectiva; el artículo 129.1 recoge la participación en la Seguridad Social y en los organismos públicos cuya función afecte a la calidad de vida o bienestar general; el artículo 37.2 reconoce el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo por parte de sindicatos y empresarios; y el artículo 131.2 establece la participación de los sindicatos y de las asociaciones empresariales en la planificación económica. En todo caso, la enumeración de derechos concretos que integran el ámbito genérico de la libertad sindical y empresarial impregna numerosas disposiciones de nuestro texto constitucional.
La Constitución de 1978 se inserta, de este modo, en la línea de los grandes Textos constitucionales que reconocen la libertad sindical y empresarial para organizarse y participar en la acción del Estado. Entre las normas de ámbito internacional que han incidido sobre una configuración del artículo 7 citado podemos destacar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 1966, numerosos Convenios de la OIT, la Carta Social Europea del Consejo de Europa de 1961 o la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores de 1989, que en el marco de la Unión Europea ha recogido en su artículo 11 unos principios sobre la sindicación análogos a los definidos por la OIT.
Son muy numerosas las Sentencias del Tribunal Constitucional que han interpretado y valorado el papel que corresponde a las asociaciones empresariales y sindicales, situando a las mismas como importantes pilares dentro del Estado social y democrático de Derecho al ocupar un papel de «organismos básicos» en el sistema político (STC 11/1981) y como asociaciones «de relevancia constitucional» (SSTC 4/1981 y 20/1985). El Tribunal Constitucional ha destacado la importancia de la representación institucional de sindicatos y organizaciones empresariales ya que el ordenamiento jurídico otorga a dichos entes la defensa y gestión de los derechos e intereses de todos los trabajadores y empresarios (SSTC 70/1982 y 11/1998).
Las organizaciones empresariales y sindicales, conocedores de la importancia que nuestra Constitución nos otorga y, por tanto, conscientes de la gran responsabilidad que nos corresponde, hemos desarrollado a lo largo de estos años un ingente trabajo de negociación colectiva y diálogo social que ha contribuido de forma a veces callada pero siempre trascendental al progreso que en todos los órdenes ha conseguido nuestro país. Internacionalmente se valora la paz social en España como uno de nuestros principales activos. El recién elegido presidente de CEOE, Antonio Garamendi, decía en un acto de CECAM en Toledo hace escasas fechas (y repitió en su primer discurso como nuevo presidente) que “la paz social es la mayor infraestructura de nuestro país”. Los empresarios sabemos que muchas veces los intangibles son el mayor valor de nuestra empresa; y la paz social es un intangible que ha costado (y cuesta cada día) mucho esfuerzo conseguir y cuyo exacto valor solo sería medible si no la tuviéramos.
La participación institucional y el diálogo social tripartito con los Gobiernos han favorecido igualmente reformas e iniciativas institucionales que han contribuido a un progreso acorde a los intereses de todos, un progreso en común y duradero a largo plazo, con visión y sentido de Estado, aunque ello haya supuesto a veces renunciar a pequeños logros a corto plazo.
El esfuerzo que durante todos estos años, amparados por nuestra Constitución, hemos realizado las organizaciones empresariales a favor del diálogo social, de la paz social y del progreso económico y por tanto social, creo sinceramente que es una de las claves de nuestro éxito como país. Obviamente, quedan muchos retos que afrontar: estabilidad en todos los órdenes, el desafío territorial, un crecimiento mantenido pero más inclusivo y compatible con el medio ambiente, y otros muchos. Estoy convencido de que sabemos cómo afrontar estos retos: la experiencia lo demuestra, pues no eran menos importantes los retos que afrontamos con éxito en el pasado. El compromiso de las organizaciones empresariales es seguir trabajando para ayudar a progresar a nuestro país, a sus empresas y a sus ciudadanos. Pongamos en valor el marco que nos ha permitido estos logros y que nos permitirá afrontar los retos del presente y del futuro: respetemos, valoremos y preservemos como se merece nuestra Constitución.
Ángel Nicolás García
Presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM CEOE-CEPYME)
