Arbitraje
de Consumo

Resuelve tus conflictos de forma ágil, eficaz y gratuita

Arbitraje de Consumo

Resuelve tus conflictos de forma ágil, eficaz y gratuita

¿Qué es?

El Sistema Arbitral de Consumo es un mecanismo extrajudicial de carácter público en el que se resuelven los conflictos y reclamaciones que surgen en las relaciones de consumo

¿Qué ventajas tiene?

Supone un refuerzo de la confianza de los consumidores en aquellas empresas que ostentan el distintivo de adhesión al sistema, ya que en caso de conflicto podrán resolverlo de manera voluntaria, rápida y sencilla

¿Cómo puedo adherirme?

Para adherirse al Sistema Arbitral de Consumo es necesario realizar una solicitud, cuya admisión otorga el derecho al empresario o profesional a ostentar un distintivo oficial en todas sus comunicaciones, incorporándose al Registro público de empresas adheridas

¿Qué reclamaciones pueden someterse al Sistema Arbitral de Consumo?

Podrán ser objeto de arbitraje los conflictos surgidos entre las personas consumidoras y las empresas o profesionales con relación a los derechos reconocidos a las personas consumidoras o usuarias. Se excluyen los conflictos que versen sobre intoxicación, lesión o muerte y aquellos en los que existan indicios de delito

El Sistema Arbitral de Consumo es el mecanismo extrajudicial habilitado por la Administración Pública mediante el que se resuelven de modo eficaz los conflictos y reclamaciones que surgen en las relaciones de consumo, es decir, entre consumidores o usuarios y empresarios o profesionales.

A través de esta alternativa, las partes en conflicto acuden de manera voluntaria al arbitraje, y un órgano imparcial, designado por una entidad de arbitraje, toma una decisión con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes.

  • Voluntariedad: Las partes participan en el proceso de arbitraje de manera voluntaria. Lo que significa que ambas deben estar de acuerdo en someterse a este método extrajudicial de resolución de conflictos.
  • Agilidad: El arbitraje tiende a ser más rápido que los procedimientos judiciales tradicionales, lo que permite una resolución más eficiente de las disputas.
  • Sencillez: Se caracteriza por ser un proceso menos formal que el judicial, lo que lo hace accesible y comprensible para las partes involucradas, incluso sin la necesidad de abogados.
  • Confidencialidad: A diferencia de los tribunales, el arbitraje de consumo tiene lugar de manera confidencial, lo que puede ser beneficioso para ambas partes.
  • Vinculación: Las decisiones del órgano son vinculantes, lo que significa que son de ejecución obligada y produce los mismos efectos que una sentencia judicial. Esto proporciona una resolución definitiva al conflicto.
  • Gratuidad: El legislador se ha preocupado en resaltar que el arbitraje de consumo tiene la importante característica de ser gratuito para las partes, sin perjuicio del coste que pueda derivarse de la práctica de pruebas a instancia de parte.

 

Estas características hacen que el sistema arbitral de consumo sea una opción atractiva para resolver disputas de manera eficiente y justa. Además, para los empresarios y profesionales supone un refuerzo de la confianza de los consumidores en aquellas empresas que ostentan el distintivo de adhesión al sistema, ya que en caso de conflicto podrán resolverlo de manera rápida, eficaz y gratuita.

En este sentido, la disposición a someterse al arbitraje de consumo puede mejorar la percepción pública de la empresa, mostrando un compromiso de resolución justa y eficiente de disputas.

Únicamente podrán ser objeto de arbitraje de consumo los conflictos surgidos entre las personas consumidoras y las empresas o profesionales con relación a los derechos legal o contractualmente reconocidos a tales personas consumidoras o usuarias.

En consecuencia, no podrán ser objeto de arbitraje de consumo:

  • Los conflictos que versen sobre intoxicación, lesión o muerte.
  • Los conflictos en los que existan indicios racionales de delito, incluida la responsabilidad por daños y perjuicios directamente derivada de ellos.

Los empresarios o comerciantes pueden realizar Ofertas públicas de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, mediante la cual aceptan que las reclamaciones de los consumidores que se planteen como consecuencia de su actividad empresarial o profesional se resuelvan a través de este procedimiento extrajudicial y voluntario.

La admisión de una Oferta pública de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo da derecho al empresario o profesional a ostentar un distintivo oficial en todas sus comunicaciones, incorporándose al Registro público de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.

El uso de este distintivo oficial el empresario o profesional es elemento adicional de calidad, que el empresario o profesional ofrece a los consumidores: la posibilidad de resolver las reclamaciones a través de un procedimiento rápido, eficaz, gratuito y con fuerza ejecutiva.

La oferta pública de adhesión al Sistema arbitral de Consumo es única y deberá dirigirse a la Junta Arbitral que se corresponda con el ámbito territorial en el que la empresa desarrolle principalmente su actividad, comercializando sus bienes o servicios.

Fue constituida por acuerdo de fecha 12 de abril de 1994 (BOE de 2 de junio) entre el Instituto Nacional de Consumo y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Con ello, la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, cuyo ámbito territorial viene determinado por el de la propia Comunidad, posibilita el acceso de todos los consumidores y usuarios al Sistema Arbitral de Consumo.

Adscrita a la Dirección General de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y acreditada por Resolución de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) de 15 de junio de 2018, según lo dispuesto en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la Resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

Su ámbito de actuación es autonómico y tiene las siguientes funciones:

  • Fomentar el arbitraje de consumo entre empresariado y profesionales y personas consumidoras.
  • Resolver sobre las Ofertas de Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo.
  • Elaborar y actualizar el censo de árbitros de asociaciones de personas consumidoras, organizaciones empresariales y Administración Pública.
  • Impulsar y gestionar los procedimientos arbitrales de consumo.

El Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que regula el Sistema Arbitral de Consumo.

Empresas Adheridas al Sistema Arbitral de Consumo

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Resuelve conflictos y reclamaciones de consumo de manera eficaz y vinculante para ambas partes, ofreciendo una vía imparcial, independiente y confidencial.

Si le interesa saber si un comercio o profesional concreto está incluido, puede consultarlo haciendo clic en el enlace.